Lula y Zelaya sepultan el Derecho de Asilo

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23 de septiembre de 2009

Por Roberto Escobedo Caicedo

El 26 de diciembre de 1933 en Montevideo, Uruguay, con la presencia del Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt y del Secretario de Estado, Cordel Hull, los Presidentes de los países Iberoamericanos firmaron la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, inaugurando la llamada Política del Buen Vecino. Según Declararon Roosevelt y Hull, reemplazaba la llamada "diplomacia de las cañoneras". Fueron 19 los Estados que la firmaron.

Entre los documentos que formaron parte de esa Convención figuraba el relacionado con el Derecho de Asilo, el que en su Artículo Primero establecía lo siguiente: "No es lícito dar asilo en Legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren siendo procesados o que hubieren sido condenados en tribunales ordinarios. Las personas que estuvieren refugiadas en alguno de los lugares mencionados anteriormente, deberán ser entregadas tan pronto lo requiera el Gobierno Local".

El Artículo Número Dos del Derecho de Asilo, menciona que la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo.

Veamos ahora qué se entiende por Estado. Es una figura del Derecho Internacional que debe reunir los siguientes requisitos: Disponer de un territorio permanente; tener una población permanente en el territorio sobre el que ejerce jurisdicción; existencia de un gobierno debidamente constituido de conformidad con su ordenamiento jurídico y, finalmente, capacidad de entrar en relación con los demás Estados. Además y esto es muy importante, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados.

Como ya es bien conocido, en Honduras tuvo lugar una sucesión constitucional, a través de la cual el Presidente, Manuel Zelaya Rosales, fue destituido por el Congreso Nacional por violar la Constitución Política, recurriendo a golpes de Estado mediante manipulaciones constitucionales. Pero el gobernante venezolano, Hugo Chávez, respaldado por sus marionetas de la ALBA, Rafael Correa, Evo Morales, Raúl Castro y Daniel Ortega Saavedra de Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, respectivamente, recurrieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y contando con la complicidad descarada del secretario general, José Miguel Insulza, lograron que se adoptaran sanciones colectivas contra el gobierno provisional de Honduras, presidido por Roberto Micheletti. Desde entonces, esa sucesión constitucional, por obra y gracia de toda la izquierda radical del continente americano y de otras latitudes, han magnificado la amplitud y trascendencia de la destitución de Manuel Zelaya Rosales.

Para todos estos izquierdistas que han invocado la Carta Democrática de la OEA, un Presidente electo democráticamente, puede gobernar un país sin sujetarse al espíritu y la letra de la respectiva Constitución Política, sin temor alguno al control de los Poderes Legislativo y Judicial. Con criterio tan trasnochado, el caso del Watergate, por el cual el Presidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon, fue sometido al proceso político del "Impeachment" hasta obligarlo a renunciar para no ser juzgado, no tuvo razón de ser, siendo un abuso el que cometieron con él. Ha llegado el tiempo de rehabilitarlo. Quizás se encarguen de esta tarea el Presidente Barak Obama y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Manuel Zelaya Rosales ha hecho llamados a una insurección general en Honduras, si no es restituido en el cargo. Todos sus periplos por el continente americano responden a ese propósito, contando con el concurso de los restantes Presidentes de los países que constituyen la OEA. Finalmente y con la complicidad de varios gobernantes que se presentan como celosos defensores de la democracia representativa, logró regresar a territorio hondureño y como por arte de magia, apareció como refugiado político en la Embajada del Brasil en Tegucigalpa.

Zelaya Rosales y el personal diplomático de la Embajada del Brasil en Tegucigalpa no respetan las normas que regulan el derecho de asilo. El que es beneficiado con esta disposición no debe participar en la política de su propio país. Pero en el caso especial de Honduras, el destituido Presidente ha convertido la sede diplomática brasileña en un centro de subversión, desde el cual y provisto de un teléfono celular o móvil se mantiene en comunicación permanente con los dirigentes de un Frente de Resistencia y que aboga por su restitución en el cargo. Opera como Comandante de un Ejército en tiempos de guerra, protegido por la extraterritorialidad del recinto diplomático. Esto constituye una violación flagrante de las normas del derecho de asilo y una afrenta para el país que pretende hundir en una guerra civil.

Respondiendo a los llamados a la violencia que hace Zelaya Rosales desde la Embajada del Brasil en Tegucigalpa, sus seguidores, debidamente entrenados en técnicas de terrorismo urbano por sandinistas y otros antisociales, han desatado el terror en las calles de la capital de Honduras. Los establecimientos comerciales, principalmente supermercados, han sido victimas de asonadas, incendios, saqueos, pillajes, etc. Los que dirigen esta campaña de intimidación y terror utilizan el mismo vocabulario que los sandinistas, tratándose entre ellos de "compas". Buscan como disponer de algunos "mártires" que sean los detonantes de acciones de mayor envergadura, para iniciar el ciclo trágico de la acción-represión-rebelión-revolución.

En Honduras lo que está en marcha es una vasta conspiración que tiene su epicentro en Caracas y a la que se han sumado, consciente o inconscientemente, los restantes gobernantes de los países del continente americano. La meta final es que Honduras regrese a la cadena de dominación chavista, haciendo posible la destrucción de las instituciones democráticas y republicanas. Lo sorprendente del caso es que esto pase desapercibido para los políticos del Departamento de Estado y de la Casa Blanca.

Están presentes todos los ingredientes de una conspiración planificada para triunfar. Existe la firme decisión de llevarla cabo, sin regatear en los gastos ni en las consecuencias de las medidas que perjudicarán a una mayoría aplastante del pueblo hondureño. Los conspiradores cuentan con el apoyo de poderes fácticos concretos, como son los sindicatos izquierdistas de Honduras y las organizaciones comunistas al servicio de Hugo Chávez. Está presente un factor desestabilizador de primer orden, hábilmente manejado por expertos en la materia y que ya han ensayado sus metodologías en Venezuela y Nicaragua. Las agencias de prensa internacionales y la mayor parte de los medios de comunicación de los países del continente americano, representan una poderosa arma que clama por la restitución de Manuel Zelaya Rosales en la Presidencia de Honduras.

Los conspiradores cuentan con el apoyo internacional representado por la OEA, ONU y UE, incluidos sus gobernantes. Poco a poco vienen filtrando la "historia oficial" de lo que ha ocurrido en Honduras, presentando una visión falsificada de la realidad. Esa versión maniquea de la historia presenta a los jefes de los conspiradores, Hugo Chávez y sus marionetas de la ALBA, como los elementos positivos y progresistas de las aspiraciones de los pobres y humildes, lo que constituye la antesala de la legitimación del terror de masas que viene a continuación. De esta manera, Manuel Zelaya Rosales, si regresa a la Presidencia de Honduras, será reverenciado como un dirigente que logró con sus propios esfuerzos y con la ayuda de la Carta Democrática de la OEA, sepultar para siempre los golpes de Estado en Iberoamérica.

Los gobernantes que se presentan como izquierdistas moderados, se han quitado la careta en el caso de Honduras. Confirman una vez más que no existen diferencias entre izquierdistas moderados e izquierdistas radicales. Todos ellos responden a un mismo patrón de conducta.

Con su inmoral proceder, ajeno a toda norma del derecho internacional, Lula Da Silva, del Brasil y Manuel Zelaya Rosales, prófugo de los tribunales de justicia de Honduras, están sepultando el derecho de asilo, convirtiéndolo en una herramienta para destruir la democracia de un Estado desde el interior del mismo. Los efectos de dominó de tal felonía se harán sentir bien pronto en otros países iberoamericanos.